Con motivo del Día Internacional de la Mujer, compartimos tres reflexiones sobre el acceso de la mujer al derecho a la salud realizadas por Evangelina Martich, doctora en política social, investigadora y consultora independiente, así como ex coordinadora de proyectos en ISGlobal.
Evangelina visitó y guió la exposición ‘From abstract to reality’ hace unas semanas, cuando estuvo disponible en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Esta iniciativa forma parte del proyecto dedicado a la sensibilización a la comunidad universitaria y ciudadanía en materia de derecho a la salud y desigualdades de género, financiado por la Comunidad de Madrid.
Tres reflexiones de Evangelina Martich sobre el acceso de la mujer al derecho a la salud
1. ¿Ser mujer significa tener menos acceso al derecho a la salud?
Existen múltiples factores que producen inequidades en el acceso a los servicios e insumos de salud como, por ejemplo, la raza, la etnia, la clase social, la nacionalidad, incluso el lugar de residencia, entre otros. Estas condiciones que funcionan como barreras, además, son acumulativas entre sí, lo que en la práctica empeora mucho más la situación. El género no es una excepción.
Muchos trabajos hacen referencia a que las mujeres van más al médico que los hombres. Por ejemplo, las mujeres estamos mucho más medicalizadas, por así decirlo. Desde que una niña tiene su primera menstruación, que comienza a realizar visitas periódicas al médico. Pero eso no significa necesariamente que tenemos acceso a nuestras necesidades específicas o que los servicios están totalmente adaptados a nuestras necesidades. Con lo cual cabe decir que existe una barrera de acceso a la salud por el género.
2. ¿Qué hace falta para mejorar el acceso al derecho sexual y reproductivo?
Para hablar de derechos sexuales y reproductivos me resulta pertinente mencionar la definición de Naciones Unidas que hace referencia al “estado general de bienestar físico, mental y social relacionado con la sexualidad. Y a la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos de procrear y la libertad para decidir hacerlo o no”. La propia definición nos hace reflexionar sobre los múltiples factores que deben considerarse a la hora de garantizar derechos sexuales y reproductivos que tienen que ver con el respeto, la libertad, la no coacción, ni discriminación, entre otros.
Se abren espacios de discusión cuando entra en juego el cuerpo de las mujeres, algo que no ocurre con otras cuestiones de salud.
Lo que yo identifico en términos de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a insumos, como por ejemplo los anticonceptivos en sus diversos tipos, es que, por un lado, los servicios están muy enfocados en lo reproductivo y no en lo sexual. Lo que significa que se atiende a las demandas relacionadas con la maternidad y cuidados durante el parto y puerperio (incluso los cuidados del recién nacido), lo que está perfecto. Pero no podemos olvidar que además hay mujeres que sin estar embarazadas requieren servicios sanitarios relacionados con la sexualidad, la anticoncepción, incluso la interrupción voluntaria del embarazo, por mencionar algunos.
Creo que necesitamos dar esa discusión sobre la organización de los servicios de salud y esto que menciono antes de lo sexual no reproductivo. Por ejemplo, en una emergencia ginecológica tiene prioridad lo obstétrico sobre lo ginecológico. Que, sin dejar de comprender la magnitud de lo que estamos hablando, puesto que un parto no espera, debería también contemplar las necesidades de aquellas otras pacientes que si están allí es porque necesitan que las vea un profesional.
Creo que debemos garantizar lo que se ha conquistado y continuar fortaleciendo los derechos, en lugar de retomar discusiones sin fundamentos científicos, sino basados en prejuicios o construcciones morales particulares.
Por otro lado, identifico que cuando se discuten, diseñan e implementan políticas de salud sexual y reproductiva se generan “espacios” para que outsiders del sistema sanitario opinen desde una perspectiva de juicio, de no respeto a las elecciones individuales e incluso queriendo imponer construcciones morales. Como ,por ejemplo, ocurre con los grupos religiosos. Algo que no sucede con otras políticas de salud. Es difícil imaginar un grupo religioso reclamando que el Estado provea de medicamentos gratis para los pacientes con diabetes. Sin embargo, sí lo hacen frente a ciertos tipos de anticonceptivos.
La reflexión que debemos hacer entonces es que este espacio que mencioné antes se abre cuando entra en juego en la discusión el cuerpo de las mujeres. Lo que más me preocupa de esto es que, además, es un tema que está constantemente presente en la agenda de discusión de la ultra derecha. Incluso en los últimos tiempos ha logrado que se vuelva a discutir sobre cuestiones que ya teníamos saldadas, como lo ha sido el aborto en España.
Si entendemos a la salud como un derecho humano fundamental, el código postal o el pasaporte no deberían ser un condicionante para acceder o no al sistema de salud.
En mi opinión, garantizar los derechos sexuales y reproductivos tiene que ver con atender a las múltiples demandas (entiéndase necesidades) de las personas. Diseñar programas y políticas que atiendan a lo reproductivo y también a lo sexual, incluso que se enfoquen en necesidades específicas de algunos grupos como puede ser el caso de los adolescentes. Es muy importante pensar en servicios “amigables”, que sean próximos a ellos y a ellas, que hablen con un lenguaje que les resulte claro.
Y creo que debemos “blindar”, por así decirlo, estos derechos. Garantizar lo que se ha conquistado y continuar fortaleciéndolos en lugar de retomar discusiones sin fundamentos científicos, sino basados en prejuicios o construcciones morales particulares. Cuyas consecuencias afectan directamente la salud de las mujeres.
3. ¿Cómo podemos apoyarnos las sociedades para conseguir los mismos objetivos aun siendo los contextos tan diferentes?
Hacer efectivo el derecho a la salud en la práctica, es decir, acceder de hecho a servicios médicos e insumos (medicamentos y otras tecnologías médicas), depende de la configuración institucional de cada sistema de salud. De la forma en que se financia, organiza y gestiona la salud. Y, además, de decisiones políticas que se vayan tomando en torno a eso.
Por eso, el acceso a la salud es diferente en cada país. Incluso encontramos diferencias dentro de un mismo país, como sucede en España con las comunidades autónomas, por ejemplo. Son las que, en la práctica, gestionan esto y acaban tomando decisiones que determinan más o menos acceso. Decisiones que parten de la concepción del derecho a la salud que se tenga. Si entendemos a la salud como un derecho humano fundamental, el código postal o el pasaporte no deberían ser un condicionante para acceder o no al sistema de salud.
Para apoyarnos de forma transversal, desde contextos muy diferentes, en hacer frente a las inequidades (de género y otras) en el acceso a la salud, considero que es valioso visibilizar. Si no se conoce es imposible que se atienda un problema. Que se le preste atención. Lograr que se hable, que se instale en la agenda pública es dar un paso importante. Y luego, un segundo paso es trabajar en la incidencia, en la formulación de políticas públicas que lo contemplen.
Si un problema que aqueja a la sociedad adquiere visibilidad, cuenta con suficientes argumentos que lo sostienen y se proponen alternativas para mejorarlo y no se hace nada, puede haber múltiples motivos para eso, pero sobre todo incompetencia.
