La actual pandemia por el COVID-19 nos presenta una serie de retos para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y no puede significar un retroceso en los logros hasta ahora alcanzados para la prevención del embarazo adolescente y la prevención de la violencia de género. NON JOIBO, es una iniciativa impulsada por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán en alianza con Farmamundi, para promover el derecho de las y los adolescentes, jóvenes y mujeres a tener autonomía y control sobre su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva para que puedan decidir sin ningún tipo de presión, discriminación o violencia. Te lo contamos desde Perú en este artículo:
En el Perú, durante la pandemia por el COVID-19, la salud en general se ha visto afectada y ha tenido efectos adversos en la salud sexual y reproductiva de mujeres, adolescentes y jóvenes. Entre otros aspectos, se ha debido a las medidas de cuarentena y aislamiento social decretadas por el Estado Peruano. Los servicios de salud en general presentaron serias dificultades, lo que ha generado que los y las adolescentes y mujeres atraviesen mayores obstáculos para acceder a insumos anticonceptivos, orientación y consejería para prevenir embarazos no planificados o acceder a procedimientos como el aborto terapéutico y la atención prenatal.
Más derechos para garantizar vidas saludables
Estas dificultades también han sido alertadas por la Defensoría del Pueblo en su Informe “Estado de Emergencia Sanitaria: Supervisión a hospitales de Lima y Callao sobre los servicios de atención de la salud materna”, donde se denuncia la vulneración de derechos básicos como el derecho a la salud, más aún cuando los servicios de salud y los derechos sexuales y reproductivos son básicos para que las mujeres, jóvenes y adolescentes tengan vidas saludables, se puedan eliminar todas las violencias y las relaciones de poder en sus vidas
Desde enero a septiembre del 2020 se han atendido 96 casos de feminicidio y 186 tentativas de feminicidios a nivel nacional, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables (MIMP). Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) han atendido 61.705 casos a nivel nacional, de los cuales más del 85% de las víctimas han sido mujeres. Esta realidad ha sido resultado de diversos factores vinculados a múltiples desigualdades y la marcada misoginia en el país, sobre todo en regiones donde hay limitada cobertura de las instancias de salud, educación, justicia y protección. Por esta razón, en estos meses, han sido cruciales las reuniones con personal público para identificar acciones que están implementando para neutralizar el incremento de las violencias.
Prevención del embarazo adolescente
Por otro lado, el porcentaje de embarazo adolescente, entre 15 y 19 años, es de 12.6% a nivel nacional (MIMP, 2020). Es así como la región de Ucayali supera el promedio nacional con 20.2% (17,1% ya son madres y 3,1% está embarazada por primera vez), cifra que coloca a la región en situación crítica, porque estos embarazos se asocian con violaciones sexuales.
Según el Ministerio de Salud, se han registrado 866 partos en menores de 14 años a nivel nacional. Es preciso aclarar que, según la ley peruana, todo acto sexual entre menores de 14 años es considerado violación sexual. En Ucayali, son 96 los casos de partos en menores de edad, es decir, embarazos infantiles forzados que llegaron a su término, lo cual ha supuesto un acto de tortura, cruel e inhumano al no ofrecer el kit de emergencia para casos de violencia sexual ni el aborto terapéutico.
Respecto a la violencia hacia la mujer, el promedio nacional es de 57,7%. Es decir, la situación de violencia se ha agravado, más aún a raíz de la pandemia.
Por ello, una demanda ciudadana importante es la reactivación del CEM Coronel Portillo, que sigue sin implementarse hasta el 31 de septiembre. A nivel regional, se han reportado 473 casos de violencia, más del 91% tuvo como víctimas a mujeres. Respecto a la violencia hacia la mujer, el promedio nacional es de 57,7%, mientras que en Ucayali es de 49.8%. Es decir, la situación de violencia se ha agravado, más aún a raíz de la pandemia, y requiere de acciones inmediatas para garantizar los derechos de las mujeres a vivir libres de violencias.
Retos para garantizar los derechos de las mujeres
La actual pandemia por el COVID-19 nos presenta una serie de retos para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y no puede significar un retroceso en los logros hasta ahora alcanzados para la prevención del embarazo adolescente y la prevención de la violencia de género.
En este sentido, desde nuestra intervención, se han identificado algunos retos que deben ser superados para asegurar la continuidad de las acciones del proyecto y el fortalecimiento a las protagonistas como jóvenes, madres, padres, agentes comunitarias de salud, etc:
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- Reactivar las acciones informativas y de sensibilización sobre la salud y sexual reproductiva como las ferias presenciales en los centros de salud.
- Fortalecer los activismos digitales de mujeres agentes comunitarias de salud con estrategias articuladas dirigidas a las y los jóvenes defensores de derechos sexuales y reproductivos.
- Fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva como una prioridad en los centros de salud.
- Difundir los servicios diferenciados para adolescentes, como la consejería en sexualidad, para la prevención de embarazos no deseados.
- Promover la inclusión de la Educación Sexual Integral en la modalidad virtual de educación básica regular “Aprendo en Casa” como estrategia clave para la prevención de violencias basadas en género.
Desde NON JOIBO a través del proyecto “Mujeres amazónicas adolescentes y jóvenes en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, fortalecen el diálogo intercultural participando en las políticas públicas de prevención del embarazo adolescente y violencia sexual, en la Provincia de Coronel Portillo- Región Ucayali, Perú”, financiado por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD) y Farmamundi, buscamos generar mejores condiciones para el ejercicio de los derechos de las y los adolescente de la región Ucayali, a través del fortalecimiento del trabajo del sector salud, educación, las autoridades locales y contando con la participación activa de las y los adolescentes dentro de las actividades de promoción y mejora de la atención de los servicios de salud diferenciados para adolescentes, así como la implementación adecuada de la educación en sexual integral en las Instituciones Educativas de la Región.
Gracias al equipo de Flora Tristán por este artículo y su magnífico trabajo en defensa de los derechos de las mujeres.
Vídeos sugeridos para ver y compartir:
- La prevención del embarazo adolescente es una demanda social que debe ser atendida por el Estado.
- En tiempos de coronavirus, nuestra salud sexual y reproductiva debe ser atenida
