Los pasados días 6 y 7 de noviembre realizamos el curso ‘La salud también es cuestión de género’ en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Esta actividad, incluida en un proyecto de Educación para el Desarrollo financiado por el Ayuntamiento de Albacete y la Junta de Castilla-La Mancha, incorporó la mesa redonda “Violencia de género como problema de salud pública”.
Una de las ponentes asistentes fue Gratiela Florentina, doctora en Derecho con Mención Internacional por la Universidad de Castilla-La Mancha y Experta en Relaciones Laborales. Actualmente es profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete, e investigadora del Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS).

Este mismo año ha recibido el Premio 8 de marzo – Igualdad de las mujeres por su investigación “Sobre las proyecciones convencionales de la igualdad en la clasificación y promoción profesionales: luces y sombras”. Pudimos charlar con ella para ahondar en estas cuestiones a través de esta entrevista.
Entrevista a Gratiela Florentina, Premio 8 de marzo y doctora en Derecho
¿Por qué es la violencia de género un problema de salud pública?
La violencia de género adopta en su manifestación numerosas formas y sus consecuencias son nefastas para la salud de las mujeres. Normalmente, solemos acordar mayor atención a la violencia física ejercida sobre las mujeres (sobre todo, por ser más visible), sin embargo, no hay que aminorar la importancia de la violencia psicológica y emocional. La violencia de género es uno de los problemas más graves de la sociedad actual. Constituye, sin lugar a duda, una de las manifestaciones superlativas de la desigualdad entre el hombre y la mujer. El reconocimiento de esta situación, junto a la adopción de medidas preventivas y protectoras de la víctima, no han conducido a su desaparición, pero ha contribuido a hacerla visible, sacándola del ámbito de la intimidad familiar en la que desde siempre ha permanecido.
Las consecuencias de la violencia de género para la salud son obvias y hay que invocar, en este sentido, el art. 43 CE que reconoce el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos y lo hace sin distinguir entre sexos. La violencia de género constituye un grave problema de salud pública y una violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Los profesionales de la salud conocen las repercusiones físicas, psicológicas y económicas que la violencia de género ocasiona a las mujeres y pueden ofrecernos parámetros relevantes para poder seguir avanzando en la consecución de la igualdad efectiva.
La educación es una herramienta vital para la construcción de una sociedad libre de discriminaciones y violencia.
¿Consideras el género como determinante que condiciona el acceso a derechos? ¿Cómo puede transformarse esa realidad?
El nexo entre ciudadanía y derechos fundamentales resulta incuestionable y hay que señalar con insistencia que las mujeres han sido las últimas en acceder tanto a la ciudadanía como al resto de derechos. Lo anterior explica la precaria inserción de las mujeres en el ámbito laboral, los obstáculos en la promoción profesional, la infrarepresentación en puestos de responsabilidad y la subsistencia subordinada de las mujeres. Mientras se proclama enérgicamente la ciudadanía de las mujeres en lo público, estas siguen estando relegadas al ámbito doméstico y a los trabajos más precarios. Esta realidad puede transformarse a través de una actualización del marco jurídico-legal que no sea opaca a la cuestión de género y con unos operadores jurídicos comprometidos con la efectividad de la igualdad.
La clasificación y promoción profesional representan piezas fundamentales en la supresión de la segregación vertical por razón de género.
Has recibido el premio 8 de Marzo- Igualdad de las Mujeres por tu investigación “Sobre las proyecciones convencionales de la igualdad en la clasificación y promoción profesionales: luces y sombras”. ¿Podrías destacar las principales conclusiones de esta investigación?
Las continuas reivindicaciones de las mujeres han desembocado en reconocimientos normativos y modificaciones legislativas de gran relevancia. Los objetivos alcanzados por la lucha de las mujeres son numerosos pero no suficientes para lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. El ordenamiento jurídico perfila un marco legal mínimo que impulsa la igualdad en la clasificación y promoción profesional, pero el propósito conferido a los actores sociales para que, a través de la negociación colectiva, doten de contenido la igualdad no ha sido cumplido. Este desaprovechamiento se refleja con la ausencia de unos criterios justos en la delimitación de la clasificación y promoción profesional que permitan progresar en la lucha por la igualdad. La posibilidad de poder adoptar acciones positivas tampoco ha sido explotada en pos de la igualdad. La clasificación y promoción profesional representan piezas fundamentales en la supresión de la segregación vertical por razón de género y en la eliminación del “techo de cristal” y del “suelo pegajoso”, que, sin embargo, no encuentran un adecuado tratamiento en clave de género en la negociación colectiva.
¿Qué cambios crees que debemos hacer y son necesarios en la educación de nuestros hijos e hijas, para que dentro de 40 años no estemos en la misma situación?
Para avanzar hacia un horizonte más igualitario e inclusivo, es fundamental una educación carente de estereotipos. La educación es una herramienta vital para la construcción de una sociedad libre de discriminaciones y violencia.