Ante la falta de respuesta de las administraciones locales, una delegación de mujeres traslada al corazón de la UE su denuncia frente al despojo de un modelo que agota los recursos naturales y prioriza el beneficio económico sobre la salud y los derechos de las poblaciones.
“España es uno de los países que más delitos ambientales comete en la Unión Europea”, destaca María Ramos, activista catalana de los colectivos ‘Ara o Mai per la defensa del territori’ y ‘Per Una Plana Viva’. Según la base de datos de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, ahora la península ocupa el tercer puesto en este ranking de infractores —con 23 expedientes activos, después de Italia (27) y Polonia (25)—, pero hasta hace menos de tres años encabezaba la lista, y en el pasado fue top 1 durante siete años seguidos.
A su vez, “La plana de Vic es el segundo punto más contaminado de Europa. Por las características orográficas que tenemos se nos acumula la contaminación. Por eso nos preocupa el crecimiento de la industria agroalimentaria en esta zona, que ahora mismo está perjudicando tanto el agua como el suelo”, explica Ramos. En la costa, por su parte, el problema más acuciante es la gentrificación y la movilidad: “El Maresme se ha convertido en una zona dormitorio de Barcelona. Hay un desplazamiento de la población local, pérdida de identidad, pocos espacios verdes, falta de trabajo y sobre todo un problema de movilidad con la línea del tren, la carretera N-2 y la falta de transporte interurbano. No obstante, las administraciones solicitan fondos para construir más viviendas, mientras que existe una alta proporción de pisos vacíos”, plantea Elle Flâne Cebrián, ingeniera, astrofísica, docente y activista de ‘Preservem Maresme’, ‘No Mès Pisos’, ‘Luzablue Technologies’ y ‘Fundació Mas i Terra’.
Con estas premisas, las defensoras por el medio ambiente y los derechos humanos han trasladado sus denuncias directamente a Bruselas durante los últimos días, buscando en las instituciones europeas la escucha y la protección que las diferentes administraciones esquivan regularmente. La delegación catalana ha sido recibida por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, el Comité Económico y Social Europeo (CESE), la Delegación del Gobierno de Cataluña ante la UE y por el Foro Cívico Europeo (ECF), y ha regresado con una nueva hoja de ruta: mecanismos de acción y denuncia, estrategias de fiscalización y herramientas legales para que las autoridades locales responsables no puedan ignorar la ley o las peticiones de los ciudadanos.
Las defensoras también han alertado en Bruselas sobre el desvío de la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’, y su uso para desmovilizar el activismo, sumado a un constante silencio administrativo ante las demandas ambientales y la falta de consultas públicas vinculantes. Además, han señalado la necesidad de adecuar aún más los límites tolerables de contaminación a las recomendaciones de la OMS y de imponer plazos para su cumplimiento, a la vez que denunciaron la recurrencia de delitos ambientales en los diferentes municipios.
“Tejiendo redes de defensoras” es un proyecto que comenzó hace más de tres años en diferentes comunidades de base de Cataluña y América Latina y se materializó en la elaboración de investigaciones de campo y enriquecedores encuentros de activistas de las distintas regiones. Esta gira de incidencia en el corazón político de Europa representa el punto álgido de la iniciativa impulsada por la ONG Farmamundi y financiada por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD).
