Farmamundi facilita junto a su socia local Protección Internacional que dos organizaciones comunitarias de Guatemala denuncien las agresiones de los macro proyectos mineros e hidroeléctricos en sus territorios, exijan a las instituciones el cumplimiento de los derechos humanos y la protección de sus defensoras y fortalezcan sus lazos de solidaridad con instituciones en Barcelona, Bruselas y Berlín. La agenda de trabajo se desarrollará entre el 26 de noviembre y el 13 de diciembre, con la participación de Gabriela Morán Hernández, del municipio de San Pablo, y María García González, de la micro región de Ixquisis.
Enmarcada en el programa de protección financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), la gira permitirá que las dos activistas guatemaltecas informen de cómo los proyectos extractivos en sus territorios vulneran la legislación nacional e internacional, al haber sido concedidos sin la consulta previa, libre e informada a las comunidades que recoge la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y conllevan la difamación y criminalización de las personas que se oponen a ellos.
Preocupación por el grave impacto social y ambiental
“Existe una fuerte preocupación por el grave impacto social y ambiental que tendrá la construcción del proyecto Pojom II, que limitaría significativamente el acceso al agua para las comunidades de Yulchen Frontera y Concepción en el lado guatemalteco de la frontera, y de las comunidades de Benito Juárez y San Pedro en el lado mexicano. Por otro lado, las comunidades de El Platanar y Bella Linda en Guatemala sufrirían inundaciones”, explica María García González, representante de la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis, municipio de San Mateo Ixtatán, Departamento de Huehuetenango, movilizada frente a este macro proyecto hidroeléctrico que afecta con tres represas a varios ríos en la región limitando el acceso de las comunidades al agua y a la alimentación.
“En el año que marca el 20º aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los y las defensoras de derechos humanos, estamos experimentando una reacción hostil sin precedentes contra los derechos humanos y sus defensores en Guatemala”, afirma Gabriela Morán Hernández, representante de la movilización ante la imposición del proyecto hidroeléctrico Hidro Salá, que representa una amenaza directa a la vida en 25 comunidades de San Pablo, en el Departamento de San Marcos.
Con el apoyo de Farmamundi y Protección Internacional, las comunidades organizadas de San Pablo y la Microrregión de Ixquisis han preparado una amplia ronda de reuniones de incidencia con instituciones y entidades de la sociedad civil, entre los que se encuentran:
- Generalitat de Catalunya
- Parlamento europeo
- Servicio Europeo de Acción Exterior
- Comisión Europea
- Federación Internacional de Derechos Humanos
- Red de Organizaciones de Incidencia Europea (EULAT Network)
- Organización Mundial contra la Tortura
Algunas peticiones que se van a hacer a lo largo de la gira van a ser:
• Resaltar la importancia de la labor legítima en defensa de los derechos humanos, derechos territoriales y ambientales en el diálogo político con las autoridades del Estado de Guatemala.
• Prestar especial atención a la grave escalada de agresiones, incluidos constantes discursos y mensajes difamatorios que tienen como objetivo deslegitimar y desprestigiar a las personas que defienden sus derechos territoriales y ambientales y sus derechos como pueblos indígenas.
• Realizar seguimiento a las denuncias presentadas por las personas defensoras, y a las investigaciones de violaciones de derechos humanos en Ixquisis y San Pablo, Guatemala.
• Realizar misiones a la Microregión de Ixquisis para verificar in situ la situación que viven las y los defensores de derechos humanos en el territorio, y exhortar al Estado de Guatemala a respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de los pueblos indígenas.
• Asegurar que los fondos públicos, ya sea de cooperación o inversión a través de bancos multilaterales y de desarrollo, no estén vinculados a actores responsables de violaciones de derechos humanos y que, al incurrir en ellas, se sometan a un proceso de investigación, sanción y provean la debida reparación, tal y como indican los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
