Farmamundi, Protección Internacional Mesoamérica, Asociación de Desarrollo Económico Social de El Salvador (ADES) y Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala (CALDH) han impulsado la gira ‘Defensa colectiva de la vida: desafíos que enfrentan las mujeres defensoras del territorio en Centroamérica’ para reclamar apoyo y visibilidad internacional en sus luchas por la conservación del territorio y el medioambiente. Durante la gira se han realizado actos en Euskadi, Valencia y Cataluña.
En la gira, que ha tenido lugar a finales del mes de marzo, las 7 defensoras del territorio y los derechos humanos participantes han reclamado apoyo y visibilidad internacional en sus luchas por la conservación del territorio y el medioambiente de Guatemala y El Salvador, afectados por la actuación de empresas extractivas transnacionales y la privatización de bienes naturales. La gira ha tenido como objetivo exigir el cumplimiento de la legislación internacional en materia de Defensoras y Defensores, su ejercicio efectivo y protección, visibilizar la situación actual de cada territorio en materia de defensa de Derechos Humanos y fortalecer las redes internacionalistas de solidaridad hacia las luchas de cada territorio.
Las defensoras han tratado temas como la situación de los derechos humanos, especialmente las mujeres, en El Salvador y Guatemala, donde la violencia amenaza la vida de mujeres y niñas, con un alarmante auge de desapariciones y feminicidios, en un territorio en el que la violencia sexual se sigue utilizando como un arma para aterrar y silenciar las luchas. También sobre la constante criminalizacion, persecución y acoso que reciben por la defensa del territorio de los pueblos indígenas y la necesidad de activar las redes internacionales de solidaridad para defender la vida y el territorio. En El Salvador, las defensoras han señalado algunos avances como el fortalecimiento del movimiento ambiental con una mejor organización de las comunidades para la defensa de su territorio, así como la aprobación de leyes locales y regionales contra la minería que son un logro ante las amenazas a las personas defensoras del medio ambiente.
Encuentros con responsables políticos y sociales
Durante la gira, se han mantenido reuniones institucionales con diputadas de las Cortes Valencianas y la Dirección General de Cooperación, así como acciones de sensibilización en centros educativos de Educación Secundaria de Euskadi y las jornadas ‘Tejiendo alianzas entre defensoras del territorio’ junto al Observatori del Deute en la Globalització.
Estas jornadas han tratado, desde los ecofeminismos, los debates sobre la interrelación entre la soberanía energética, la soberanía alimentaria y el derecho al agua. Integrantes de la Red de Mujeres ixiles, abordaron como las mujeres han interiorizado culpa, vergüenza y miedo cuando son víctimas de violencia, debido a las relaciones desiguales de poder. También señalaron la necesidad de que las mujeres puedan adquirir independencia económica para poder hacer frente y huir de la violencia de género.
Mujeres del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala (CALDH) denunciaron durante las jornadas la existencia de una gran cantidad de proyectos de explotación del agua y minería que ponen en riesgo el territorio y vulneran la diversidad de poblaciones, al obviar la necesidad de realizar consultas populares a pueblos indígenas para procesos de explotación en territorios donde ya hay mucha escasez de agua en las comunidades. Desde la Asociación de Desarrollo Económico Social de El Salvador (ADES) señalaron que en el territorio de Suchitoto, donde hay explotación y mercantilización del agua, se logró establecer una consulta popular para generar una ordenanza que declara el agua como derecho humano, pero sigue en peligro por leyes estatales que retoman la hegemonización de usos, cobros y gestión sin tener en cuenta contextos sociales o capacidades de pago. También se reflexionó sobre cómo el modelo agroindustrial es una amenaza para el territorio y la vida, por la creación de monocultivos y la utilización de agrotóxicos que dañan el suelo.
Acuerdos sobre la mesa
-Espacio de intercambio de información y esfuerzos entre las organizaciones participantes de Centroamérica, que servirá en adelante para fortalecer las estrategias de defensa colectiva en la región.
– Reunión con parlamentarias valencianas que culminó en el compromiso de crear en conjunto una propuesta de ley en estrategias de monitoreo de empresas nacionales que pudieran estar vulnerando derechos en los territorios centroamericanos, o estar vinculadas a otras que estén en la región y pongan en riesgo la defensa de derechos humanos.
-Alianza con organizaciones del Estado Español que buscan garantizar la justicia y la paz para brindar acompañamiento en el caso de Guatemala y específicamente, para dar a conocer en el estado la situación que enfrentan profesionales del derecho del país centroamericano en este momento.
-Alianzas de acompañamiento de derechos humanos en clave norte-sur, a través del intercambio con organizaciones defensoras de derechos de diferentes regiones del Estado Español, y con las defensoras de Centroamérica.
Contextos de vulneración de derechos
Las defensoras provenían de Guatemala y El Salvador, dos países que, aunque tienen un historial de lucha por la defensa de los Derechos Humanos, enfrentan actualmente graves vulneraciones a los mismos. Guatemala estableció la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2007, logrando hacer justicia en 90 casos de corrupción que implicaban a élites económicas, políticas y militares con estructuras del crimen organizado enquistadas en las instituciones públicas. Sin embargo, las élites implicadas emprendieron una agresiva recaptura de instituciones estatales claves tales como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, a partir de 2017. La comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso en 2021 que existe persecución contra profesionales del derecho, incluyendo jueces y magistrados, que en su momento apoyaron o directamente, trabajaron en los casos investigados por la CICIG. A esto suma que, según Global Witness, en 2019 Guatemala fue el quinto país de Latinoamérica con más asesinatos a personas defensoras. Más del 90% de estos casos siguen impunes y se sigue persiguiendo, estigmatizando y criminalizando a personas defensoras de Derechos Humanos y del Medio Ambiente en el país.
Por su parte, El Salvador también se encuentra en una situación delicada en torno a las garantías para las personas defensoras de Derechos Humanos. En su informe sobre aquel país, en 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó preocupación por el aumento de desapariciones, con un alarmante número de 10 personas desaparecidas por día en 2019. También la violencia contra las mujeres, recrudecida en 2020 (durante la implementación de las medidas Covid-19) con 130 feminicidios y 2,491 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas. La CIDH manifestó su preocupación ante el incremento de acoso y estigmatización a personas que denuncian vulneraciones de derechos humanos cometidas por instituciones públicas. A esto se suma que en el último trimestre de 2021, al menos 35 personas, entre periodistas y activistas de derechos humanos, sufrieron intervención y espionaje en dispositivos electrónicos, por un sistema de software llamado “Pegasus”, que suele ser utilizado por Estados y Gobiernos. En marzo de este año, El Salvador volvió a sufrir un alza de la violencia, tras cometerse 62 asesinatos en un día, tras lo cual, el presidente Nayib Bukele, ordenó un estado de excepción de 30 días.
