En las zonas rurales de San Miguel Acatán, en el departamento de Huehuetenango, las mujeres jóvenes, las facilitadoras comunitarias y las comadronas han asumido un papel central en la mejora de la salud y la nutrición de sus comunidades.
En este municipio guatemalteco, donde más del 86% de la población vive en pobreza y el acceso a servicios básicos es limitado, las consecuencias de la pandemia de COVID-19 agravaron una situación ya marcada por la exclusión estructural y la desnutrición crónica que enfrentan los pueblos originarios de Guatemala. Ante este escenario, una alianza entre ASECSA y Farmamundi, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, ha acompañado a veinte comunidades para mejorar la salud y las tasas de desnutrición de las mujeres en edad reproductiva y más de 1.200 niñas y niños menores de 5 años.
Acceso directo a alimentos saludables
Mujeres como Carolina Felipe Juan han encontrado nuevas formas de asegurar la alimentación de sus familias. “Nos dieron unos huertos, en donde sembramos nuestras plantas o hierbas”, cuenta desde la aldea Siomá. “Antes teníamos que acudir al mercado para comprar verduras. Ahora solo vamos al huerto, recogemos las plantas y preparamos los alimentos”.
En total, 40 familias han puesto en marcha huertos familiares con prácticas agroecológicas, utilizando semillas nativas, pesticidas naturales y abonos elaborados por ellas mismas. A pesar de la escasez de agua, han conseguido mantener la producción mediante sistemas sencillos de almacenamiento. Este acceso directo a alimentos frescos ha reducido la dependencia del mercado y mejorado la dieta familiar.
Consejería y seguimiento en salud
Junto a los huertos, el acompañamiento cercano a mujeres embarazadas y madres ha sido clave. Facilitadoras comunitarias, como Isabela Pablo Juan de la aldea Coya, realizan visitas mensuales con apoyo de tablets que contienen información sobre salud materno-infantil. “Aconsejamos tener una buena alimentación junto con sus bebés”, explica. “Cada mes pasamos a brindar esta consejería. También hablamos sobre el lavado de manos, la planificación familiar y la importancia de llevar a los bebés al centro de salud”.
Luisa Marilanda Lucas, embarazada y residente en la aldea Sostelaj, acude regularmente al centro de salud para los controles y ha mejorado su alimentación gracias a los conocimientos adquiridos. “Venimos a control para saber cuántas libras pesan nuestros bebés. Si tienen bajo peso, los alimentamos con los atoles. Como embarazada también me alimento con los atoles, lo que también le da fuerza a mi bebé”, declara.
Comadronas tradicionales como aliadas en salud
Otro de los pilares en la atención comunitaria han sido las comadronas tradicionales. Gozan de reconocimiento dentro de sus comunidades y también por parte del personal de salud del distrito. En total, treinta comadronas han actualizado sus conocimientos en planificación familiar, cuidados del recién nacido y coordinación con servicios públicos. Su implicación ha sido constante, y valoran que se les haya incluido como protagonistas.
El personal de salud —mayoritariamente mujeres— también ha participado activamente. En una zona donde escasean los médicos y las oportunidades de formación continua, las actividades han permitido reforzar conocimientos. Se han reforzado protocolos de atención, tareas preventivas y se ha contribuido a mejorar condiciones básicas en los establecimientos de salud.
El trabajo conjunto ha permitido que casi todos los niños y niñas con síntomas de infecciones respiratorias o diarrea hayan recibido atención adecuada. Además, se han promovido prácticas de corresponsabilidad en el hogar, involucrando a los hombres en los cuidados familiares, aunque esta parte sigue siendo un reto en un contexto de fuerte desigualdad de género.
Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
San Miguel Acatán presenta algunos de los peores indicadores del país: una tasa de mortalidad materna de 164 por 100.000 habitantes, desnutrición crónica infantil del 38,6% y una brecha alimentaria marcada entre áreas urbanas y rurales. La participación activa de las familias y las estructuras comunitarias ha contribuido a mejorar estas condiciones en un entorno históricamente marginado.
El enfoque utilizado —basado en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA)— ha permitido actuar sobre las causas estructurales de la desnutrición y exclusión que afectan a la población indígena rural. La experiencia demuestra que, a través de la organización local, el fortalecimiento de capacidades y el respeto a la cultura, las comunidades han dado pasos concretos para ejercer su derecho a la salud y a una alimentación adecuada. Lo han hecho desde sus propios saberes, con las herramientas necesarias, y con un compromiso que se mantiene más allá del cierre de cualquier intervención puntual.
