En el sur andino de Perú, en plena cordillera de los Andes, más de 13.500 personas —11.657 de ellas mujeres— han participado en un proyecto que ha mejorado sus condiciones de vida y ha reducido la violencia machista en uno de los territorios más vulnerables del país. La iniciativa se ha desarrollado junto al Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán en la provincia de Cánchis, en la región de Cusco, una zona rural y montañosa con una fuerte presencia de población indígena, que afronta importantes barreras para acceder a servicios básicos, educación y atención sanitaria.
Cánchis se caracteriza por una compleja realidad social y económica. Menos de la mitad de su población cuenta con sistema de desagüe, más del 30 % no tiene acceso permanente a agua potable y el 75 % encuentra serias barreras para recibir atención sanitaria. “A ello se suma un contexto de pobreza persistente: una de cada cuatro personas en la región de Cusco vive en situación de pobreza o riesgo de pobreza, y casi la mitad se encuentra en alta vulnerabilidad por la falta de empleo estable, vivienda digna y seguridad alimentaria”, afirma la responsable de Farmamundi en Perú, Mar Alonso.
Estas condiciones afectan especialmente a niñas, adolescentes y mujeres, cuyas oportunidades se ven limitadas desde edades tempranas. La violencia de género es una realidad cotidiana: en 2021, casi el 39 % de las mujeres peruanas entre 15 y 49 años sufrió violencia física por parte de su pareja, y más del 11 % violencia sexual, cifras que reflejan una grave problemática social que se vive con especial dureza en zonas rurales como Cánchis.
Frente a esta realidad, “Junto al Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán hemos impulsado una intervención integral que ha situado la salud y la educación como pilares fundamentales para prevenir la violencia, garantizar los derechos sexuales y reproductivos y acompañar a las adolescentes y mujeres en la construcción de vidas libres de violencias”, prosigue Alonso.
Transformar realidades desde la salud y la educación
La situación de las mujeres y adolescentes en Perú sigue marcada por altos índices de violencia de género y embarazo adolescente. Cada día, decenas de niñas y adolescentes ven vulnerados sus derechos, con consecuencias profundas en su salud, su educación y su autonomía.
La magnitud de la violencia machista en el país refuerza la urgencia de este trabajo. Solo en 2022 se registraron más de 154.000 casos de violencia familiar y sexual en Perú, el 86,5 % contra mujeres. En la región de Cusco se contabilizaron más de 10.000 casos, y 744 se atendieron en la provincia de Cánchis, lo que muestra la necesidad de respuestas cercanas, coordinadas y sostenidas en el tiempo.
Por ello, se ha desplegado una estrategia integral basada en cuatro ejes complementarios, con especial énfasis en el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y educación.
1. Redes comunitarias intergeneracionales
Se ha promovido la articulación de adolescentes, lideresas comunitarias y organizaciones feministas para defender los derechos sexuales y reproductivos, prevenir la violencia y cuestionar normas sociales que perpetúan la desigualdad. Estas redes impulsan procesos formativos, acciones de incidencia y campañas de sensibilización en toda la provincia.
2. Salud: servicios más accesibles, cercanos y respetuosos
El fortalecimiento del sistema público de salud es un eje central. Se ha capacitado al personal sanitario en enfoques de género, derechos humanos, diversidad sexual e interculturalidad; se han adaptado los servicios de salud sexual y reproductiva para que sean accesibles y confidenciales; y se han implementado espacios diferenciados de atención especializada, como el espacio MAMIS en el Hospital Alfredo Callo Rodríguez, que ofrece atención integral y gratuita a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Además, se impulsan procesos de vigilancia social ciudadana para mejorar la calidad de los servicios y promover la rendición de cuentas.
3. Educación: escuelas como espacios protectores
La educación se refuerza como herramienta clave de prevención. Se ha capacitado al profesorado en Educación Sexual Integral con enfoque de género y derechos; se han creado espacios amigables de escucha y orientación en los centros educativos; y se ha fortalecido la coordinación entre salud y educación mediante mesas técnicas y protocolos conjuntos, garantizando rutas claras de atención y protección para las adolescencias.
4. Incidencia y gobernanza local
Se ha impulsado la participación activa de adolescentes y lideresas comunitarias en instancias públicas de concertación, promoviendo acuerdos, ordenanzas y protocolos que fortalecen la prevención de la violencia y la restitución de derechos, asegurando la sostenibilidad de los avances logrados.
Principales actividades desarrolladas:
- Formación de redes de adolescentes líderes en derechos sexuales y reproductivos.
- Capacitación de personal de salud en atención integral y enfoque de derechos.
- Implementación del espacio MAMIS para atención especializada a víctimas de violencia.
- Creación de espacios amigables de escucha en centros educativos.
- Formación de docentes en Educación Sexual Integral.
- Establecimiento de mesas técnicas entre salud y educación.
- Procesos de vigilancia social ciudadana en servicios públicos.
- Campañas comunitarias de sensibilización.
- Acciones de incidencia política local y provincial.
- Estrategias de comunicación para movilizar a la comunidad.
