Fernando Lamata: “El medicamento es un derecho humano y no un producto financiero para especular”

Fernando Lamata: “El medicamento es un derecho humano y no un producto financiero para especular”

Farmamundi ha conversado con Fernando Lamata. Experto en salud pública y políticas de salud. Lamata ha dedicado gran parte de su vida laboral a desempeñar puesto de responsabilidad en la Sanidad Pública española y en los Servicios Sociales. Licenciado en medicina, cirugía y especialista en psiquiatría, en la actualidad forma parte de la Asociación en Defensa del Acceso a los Medicamentos y nos cuenta, con gran clarividencia, por qué diez millones de personas mueren cada año por la falta de acceso a los medicamentos. Y otro dato relevante: en España, en 2017, más de dos 2 millones de personas no pudieron comprar las medicinas que les recetaron en la sanidad pública por motivos económicos. ¿Quieres saber por qué?

Entrevista a Fernando Lamata. Experto en salud pública y políticas de salud

La falta de acceso a los medicamentos es un grave problema de salud pública, que no solo afecta a los países en desarrollo o de bajos ingresos. Los elevados precios que imponen las empresas farmacéuticas abren nuevas discusiones para ver cómo garantizar el acceso. ¿Qué propuestas están encima de la mesa?

En efecto, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) un tercio de la población mundial no tiene acceso a los medicamentos que necesita y 10.000.000 de personas mueren cada año por esta causa. Un verdadero genocidio, causado fundamentalmente por los altos precios de los medicamentos y el exceso de beneficios de las compañías farmacéuticas. Este problema afecta, sobre todo, a los países de ingresos medios y bajos. Pero también afecta a millones de personas en EEUU y en los países europeos, entre ellos España. En el caso de España, en 2017, más de dos millones de personas no pudieron comprar las medicinas que les recetaron en la sanidad pública por motivos económicos.

Hay propuestas muy valiosas encima de la mesa para corregir esta injusticia, como monitorizar permanentemente la falta de acceso a los medicamentos en cada país, a la luz de los derechos humanos, y publicar esta información.  Exigir a los fabricantes y distribuidores la información relativa a los costes de la I+D, producción, marketing y distribución, así como la relativa a los fondos públicos recibidos, exenciones de impuestos, subsidios u otra forma de financiación pública. También, negociar precios justos basados en la información sobre los costes o facilitar la aprobación de Licencias Obligatorias por necesidades de salud pública o abuso de precios, de forma rápida, justa y predecible. Cuando las empresas no acepten precios justos, suspender la patente con licencia obligatoria, e importar o fabricar genéricos.

Otra propuesta es iniciar un proceso para que los gobiernos negocien acuerdos globales sobre la coordinación, financiación y desarrollo de tecnologías sanitarias. Esto incluye negociaciones para un Convenio Internacional vinculante sobre I+D que separe los costes de la investigación y desarrollo de los precios finales, que promueva la salud para todos.

 En España, en 2017, más de dos millones de personas no pudieron comprar las medicinas que les recetaron en la sanidad pública por motivos económicos.

Hace ya años que Germán Velásquez hablaba de ‘derecho secuestrado’ al referirse a las dificultades de acceso al alargar la patente de muchos medicamentos. ¿Qué alternativas hay al actual modelo de la propiedad intelectual?

Germán Velásquez tiene razón. La manera más adecuada para garantizar que los medicamentos sean accesibles y reducir el uso innecesario y los efectos adversos es la sustitución del actual modelo de monopolios, es decir, la prohibición de patentes y otros mecanismos de exclusividad para los medicamentos.

El medicamento es un derecho humano y no debe ser tratado como un objeto de negocio, como un producto financiero para especular y obtener ganancias abusivas a costa de la vida de los pacientes. La concesión de monopolios de comercialización de medicamentos, a través de las patentes y otros instrumentos legales, se ha convertido en una barrera al acceso al elevar los precios de forma exagerada. Por otro lado, las patentes no han servido para aumentar la investigación y la innovación. Han provocado importantes efectos adversos, corrompiendo el sistema de investigación (sesgos de diseño, de selección de datos, de publicación), el sistema de autorización (autorización de medicamentos con efectos adversos graves) y la prescripción (prescripción innecesaria, efectos adversos evitables).

¿Por qué algunos países no utilizan más la figura de las licencias obligatorias?  ¿Cuántas se han solicitado en los últimos años?

Mientras no se cambie el modelo de patentes, se pueden tomar otra serie de medidas para facilitar el acceso a los medicamentos, bajando drásticamente los precios abusivos. Una de estas medidas es la licencia obligatoria, que “suspende” la protección de patente y permite importar o fabricar un genérico por razones de salud pública, abuso de precios, u otra. ¿Por qué no se aplican? En parte por miedo (amenaza de sanciones comerciales). En parte por desconocimiento (falta de preparación en los Ministerios). Pero también, en algunos casos, por complicidad de los gobiernos (“captura” del regulador).

Estas licencias se incluyeron como una “flexibilidad” en el acuerdo internacional sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPICs) en 1995, cuando se generalizó la utilización de patentes para los medicamentos debido a la presión de la industria.

Según el estudio de Ellen T’Hoen y cols., publicado en el Boletín de la OMS, entre 2001 y 2016 se habían emitido 48 licencias obligatorias y 52 licencias públicas para uso no comercial (uso por parte de los gobiernos), de las que se aplicaron 81 (en otras 11 el fabricante redujo los precios). La mayoría para medicamentos contra el HIV/SIDA (73) y para el cáncer (12).

Otros ejemplos recientes, en julio de 2017 la Corte Suprema de Alemania confirmó la decisión de la Corte Federal de Patentes para aprobar una licencia obligatoria permitiendo a Merck que continuara vendiendo raltegravir (Isentress) para VIH/SIDA. En este caso, paradójico, es la empresa Merck la que pide al gobierno que emita la licencia obligatoria, porque la empresa titular de la patente, Shinogi, había exigido que cesara la venta de raltegravir. La Corte Suprema dice que “hay interés público” en conceder la licencia, ya que hay pacientes que se pueden beneficiar del tratamiento. Es decir, el interés público se considera razón para aplicar licencia obligatoria. Otro ejemplo importante lo vemos en Malasia donde el gobierno decidió aprobar una licencia obligatoria para Sofosbuvir en septiembre de 2017.

La licencia obligatoria “suspende” la protección de patente y permite importar o fabricar un genérico por razones de salud pública, abuso de precios, u otra.

¿Por qué no se utilizan más?

La Big Pharma ha presionado a los gobiernos (EEUU, UE) para que introduzcan medidas más restrictivas en sus legislaciones (acuerdos “ADPIC-plus”) que limiten el uso de las licencias obligatorias y refuercen la duración de los monopolios. Por ejemplo, en la UE se añade a la protección de la patente la Exclusividad de Comercialización, la Exclusividad de Datos, los Certificados Complementarios de Protección, etc. Así mismo, EEUU y la UE han presionado a otros países para incluir estas restricciones cuando negocian acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales.

En todo caso, EEUU, con o sin legislación complementaria, presiona a otros gobiernos con medidas comerciales, cuando entiende que se están vulnerando los derechos de propiedad intelectual de las empresas farmacéuticas. Así la Oficina de Comercio del Presidente (United States Trade Representative, USTR) dispone de una “Lista 301”, que funciona como una “lista negra” donde se incluyen países que habrían vulnerado los derechos de propiedad intelectual. Contra estos países se pueden establecer sanciones.

Un ejemplo reciente de la presión de la industria es el bloqueo de la aplicación de la licencia obligatoria para el Sofosbuvir, aprobada el 9 de marzo por el gobierno de Chile. Las acciones de lobby de la industria farmacéutica, documentadas por Nicolás Sepúlveda en CIPER, explican que a día de hoy los 50.000 pacientes afectados en Chile sigan esperando la puesta en marcha de la licencia obligatoria para la importación o fabricación a precios asequibles de este medicamento, y sigan muriendo sin tratamiento. También está muy documentada la presión de lobby farmacéutico en el caso de la licencia obligatoria para Imatinib, medicamento contra el cáncer de Novartis, en Colombia.

El precio de los tratamientos contra el cáncer no para de crecer. La comunidad de Aragón destinó el pasado año 51.3 millones de euros, el 25% del coste global de la farmacia hospitalaria a sufragar estas terapias, por poner solo un ejemplo. ¿Hasta cuándo podrá aguantar el sistema público de salud? ¿Es sostenible esta situación?

No, esta situación no es sostenible y está dañando ya a los sistemas públicos de salud. El aumento injustificado de los precios de los medicamentos hace que se utilice cada vez más proporción del presupuesto sanitario en medicamentos. Si en 1986 se destinaba en España un 19,4% del gasto sanitario público a medicamentos, ahora es un 30,3%, y sigue subiendo. Esto implica recortes en personal, peores materiales, menos medios, más listas de espera, menos tiempo de atención por paciente, retrasos en el diagnóstico, fallos en el tratamiento, etc., etc.

En España, el actual modelo de patentes y monopolios nos obligó a pagar en medicamentos 15.605 millones € a Precio de Venta de Laboratorio en 2016, 8.387 millones de euros más de los que serían necesarios con un modelo más justo. Es decir, si no hubiera patentes y monopolios, y pagáramos los medicamentos a precio de genérico (6.250 millones €) y, además, pagáramos todo lo que la industria farmacéutica gasta anualmente en investigación (966 millones €), todavía sobrarían más de 8.000 millones de euros que pagamos de más.

Este dinero se utilizaría para otras necesidades: mejoras en prevención y salud pública, en la atención primaria, mejoras en las instalaciones, apoyo al personal sanitario, con remuneración adecuada y medios suficientes, y promover la salud en todas las políticas. En vez de eso, actualmente esa importante cantidad de dinero va a marketing, lobby, recompra de acciones, remuneraciones de los altos ejecutivos y beneficios abusivos. Así, el beneficio declarado por las empresas farmacéuticas es 4 veces mayor del de la media de la industria (20% frente a 5%).

El aumento injustificado de los precios de los medicamentos hace que se utilice cada vez más proporción del presupuesto sanitario en medicamentos.

Resistencias a los antibióticos, otro gran frente. ¿Cómo frenamos estas resistencias? ¿Apostamos por una mayor inversión en nuevos tratamientos o promovemos más educación para hacer un uso más racional?

El problema es grave y va en aumento. La UE estima que cada año mueren más de 25.000 personas en Europa por falta de antibióticos eficaces. La solución debe venir con medidas que mejoren el uso racional de los antibióticos y con más investigación.

El uso racional debe hacerse tanto en el consumo de antibióticos en humanos como en animales. La utilización inadecuada de antibióticos en animales que llegarán a la cadena alimentaria debe ser reducida y eliminada, con información, control y sanciones adecuadas. En cuanto al uso humano, se debe aumentar la educación sanitaria de la población y la sensibilización de los profesionales, médicos, farmacéuticos, etc.

Por otra parte, se debe invertir más en investigación. Para ello me parecería útil una iniciativa europea, un fondo europeo, financiado por los gobiernos en función del PIB de cada país. Este fondo debería ser dirigido por representantes de los Ministerios de Sanidad e Investigación de los gobiernos y no por la industria farmacéutica (como lo es en el caso de la Iniciativa de Medicamentos Innovadores de la UE).

Tras la salida de Belén Crespo de la Agencia Española del Medicamento manifestó en una carta a los trabajadores que la AEMPS debe ser una institución “libre de los avatares políticos”. ¿No es una institución independiente?

La AEMPS es una institución muy importante, ya que es responsable de la autorización para comercializar un medicamento en España, para lo cual debe asegurar su calidad, su eficacia y su seguridad. Además, debe colaborar con la Agencia Europea del Medicamento para el buen funcionamiento de la misma, así como con otros organismos internacionales y con las CCAA. La Agencia cuenta con un grupo de excelentes profesionales. Pero tiene un defecto importante, que es su fuente de financiación. En el Presupuesto de 2018 se observa que el presupuesto de gasto para el funcionamiento de la Agencia (total consolidado) asciende a 47.049.670 euros. Pues bien, la mayor parte de esta cantidad, 44.330.640 euros provienen de Tasas que pagan las empresas farmacéuticas por la realización de los informes que hace la Agencia para “controlar” la seguridad y la eficacia de los medicamentos que proponen esas empresas. Un 94,22%. Es como si las personas que son juzgadas en los Tribunales pagaran el sueldo de los jueces y el personal de los juzgados, además de la luz, los muebles y los edificios. No tiene sentido. El refranero, que es sabio, dice que “el que paga manda”. Esto es lo que llamamos “captura del regulador” por aquellos que deben ser regulados.

La AEMPS debe estar totalmente libre de la influencia de las empresas farmacéuticas a las que debe controlar. Independencia de la financiación, y absoluta incompatibilidad con incentivos de las empresas a todas las personas que realicen informes o participen en el proceso de toma de decisión de los mismos. Así mismo, estricto control de puerta giratoria, antes y después de trabajar en la Agencia. La independencia de las agencias debe ser respecto a aquellos a quienes debe controlar (la industria), y no de la autoridad política, que debe fijar los objetivos y respaldar el trabajo de los profesionales.

La AEMPS debe estar totalmente libre de la influencia de las empresas farmacéuticas a las que debe controlar.

Recientemente, en un desayuno con periodistas y sobre el coste de los medicamentos contra la hepatitis C, afirmó que “el sistema sanitario español se ha gastado más de 2.000 millones de € para tratar 100 mil personas en España, cuando el coste real podría ser de sólo 30 millones de €”. ¿Qué pasos se están dando desde comunidades autónomas y Gobierno para solucionar este grave problema?

Está muy bien que se trate a los pacientes con Hepatitis C y con otros problemas de salud. Pero debe ser a un precio justo. En mi modesta opinión los pasos que se han dado en este sentido son pocos e insuficientes. Se negoció por parte del gobierno un precio excesivo y unas condiciones que suponen un desfalco para los fondos públicos. Seguimos pagando más de 5.000-10.000 euros por tratamientos que cuestan 100 euros. ¿Quién pagaría 5.000 euros por un teléfono móvil que cuesta 300? Las CCAA, e incluso algunos hospitales, negociaron pequeñas rebajas, con lo que manifiestan sentirse satisfechas. Pero siguen pagando muchísimo más de lo que realmente cuesta. En otros países se están fabricando y vendiendo genéricos de los Antivirales de Acción Directa a 100, 200, 300 euros.

Dado que las empresas siguen exigiendo precios abusivos, el gobierno debería iniciar procedimiento para otorgar licencia obligatoria, acompañándolo de una campaña informativa denunciando el abuso. Al mismo tiempo, debería actuar en la UE, de forma coordinada con otros gobiernos, para eliminar la exclusividad de comercialización, y a continuación, debería autorizar la fabricación y la importación de genéricos. Estamos hablando de la salud de miles de personas y de la viabilidad de los sistemas sanitarios de la Unión Europea.

Más información: http://fernandolamata.blogspot.com/

 

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