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Entrevista a Germán Velásquez, director asociado del Departamento de Cooperación Técnica para los Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud.


El doctor Velásquez, filósofo y economista colombiano, fue uno de los primeros en llamar la atención a los organismos internacionales, gobiernos y ONG, no sólo sobre los riesgos derivados de la adopción de patentes en el sector farmacéutico, sino también sobre la existencia de recursos legales para su modulación como las licencias obligatorias y las importaciones paralelas.

Antes de ingresar en la OMS, trabajó como asesor de los ministerios de salud de Mozambique y Malí, en áreas de salud pública, economía de la salud y medicamentos, y también ocupó diversos cargos directivos de la industria farmacéutica internacional en Asia y Europa. Desde hace veinte años está vinculado al Programa de Medicamentos Esenciales y Política Farmacéutica de la Organización Mundial de la Salud, tanto en el ámbito de la sede como en el de todas las regiones de la OMS, particularmente la región de las Américas.


INTRODUCCIÓN

Un tercio de la población mundial no tiene acceso a los medicamentos esenciales de calidad, mientras que el 14% de la población consume el 80% de los medicamentos que se consumen en el planeta.

La falta de equidad en el acceso de los medicamentos es una muestra más de las desigualdades entre los países ricos y los países pobres. Una muestra especialmente grave porque, cuando afirmamos que el 80% de la población mundial no tiene acceso a los medicamentos esenciales, estamos diciendo que más de 2000 millones de personas están condenadas a no dejar de estar nunca enfermas.

Las razones que hacen posible estos desequilibrios son diversas. Destacan, entre otras, que la industria farmacéutica casi no destina recursos a la investigación de enfermedades propias de los países empobrecidos y que, además, la mayoría de personas que viven a los países empobrecidos no pueden permitirse comprar los medicamentos por el elevado precio de estos.

El problema de fondo que esconden estas cifras es que el derecho a la salud (y por tanto el derecho de gozar de los medicamentos) se rige igual que cualquier otro bien de consumo, producto o servicio: por las leyes del mercado.

El comercio de los medicamentos, pues, está regulado por las directrices y acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ha sido justamente un acuerdo de este organismo- el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)- lo que ha generado una enorme polémica entre la industria farmacéutica, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos de algunos países empobrecidos, como India o Brasil.

El Acuerdo ADPIC cubre diferentes tipos de propiedad intelectual, entre ellas las patentes. Estas confieren el monopolio a la industria farmacéutica que ha hecho la investigación de un producto farmacéutico por un período mínimo de 20 años. Durante este tiempo, el producto estará comercializado únicamente por la empresa que lo ha producido, que será quien marcará el precio.

Pasado este tiempo, otras empresas pueden copiar el medicamento y se puede comercializar como genérico, es decir, como medicamento de igual composición y eficacia pero a un precio mucho más económico – entre un 50% y un 80%-.

El Acuerdo ADPIC establece también, lo que se han llamado “flexibilidades”, que vienen a ser normas excepcionales para determinadas circunstancias de especial gravedad. En este sentido hace falta hablar de las licencias obligatorias, que permiten que en caso de crisis de salud pública, un país produzca el genérico del medicamento, aún bajo patente, o las importaciones paralelas, que permiten que un país que no tiene capacidad de fabricar el genérico, lo pueda importar des de otro país.

La aplicación de estas flexibilidades se ha visto afectada en los últimos años por las presiones que la industria farmacéutica ha ejercido sobre algunos países. La disputa entre la farmacéutica Novartis y el gobierno indio ha sido el último y más reciente episodio, pero seguro que no será último.

Aprovechando la estancia del Dr. Velásquez en Barcelona para participar en una conferencia sobre los medicamentos esenciales organizada por Farmacéuticos Mundi y Medicus Mundi Catalunya en el marco de la campaña “La Salud en el Milenio: una firma pendiente”, lo entrevistamos para profundizar en estos temas...

ENTREVISTA

¿Cómo y por qué surgió el debate entre propiedad intelectual y acceso a los medicamentos esenciales? ¿Qué es lo que está sobre la mesa?
A finales de los años 90, todos los países que recientemente habían entrado en la OMC, tenían que revisar las legislaciones nacionales. Existía un sentimiento de intransigencia: no se podía hacer ninguna adaptación y había que seguir estrictamente las normas de la OMC.

No fue hasta los Acuerdos de Doha (2001) que se habló de las flexibilidades del Acuerdo ADPIC, antes era una palabra que no existía. El gran escándalo, el gran delito y el pecado de la OMS fue otorgar un poco de flexibilidad al Acuerdo ADPIC.

Primero fue un debate del que el sector de la salud estaba totalmente ausente, ya que ni la OMS ni los ministerios de salud participaron en el debate durante la creación de la OMC en la Ronda de Uruguai.

Sólo tres o cuatro años más tarde, el sector de la salud “se despertó”: la OMS publicó un informe que señalaba las posibles implicaciones del acuerdo sobre el acceso a los medicamentos. A las preocupaciones expresadas por muchos países en desarrollo se sumaron rápidamente los esfuerzos y las campañas de organizaciones no gubernamentales, como ustedes, y en algunos meses el tema se convirtió en el sujeto y objeto de atención y debate por parte de la gran prensa de muchos países.

En estos últimos años, pese a la presión y las amenazas de la industria farmacéutica y de Estados Unidos, ha habido ejemplos de países que han intentado aplicar las flexibilidades recogidas en el acuerdo sobre los ADPIC: Malasia, Filipinas, Kenya e India. ¿Cuál ha sido su experiencia, como asesor de la OMS?
La experiencia ha sido un poco complicada, y a veces frustrante, porque ha habido muchas presiones bilaterales. Existe cierta hipocresía a nivel internacional: se habla mucho en los foros internacionales acerca de la posibilidad y el derecho que tienen los países de aplicar estas flexibilidades, como ocurrió en la Conferencia de Doha (Qatar, Noviembre del 2001); sin embargo, cuando hay países que intentan implementarlos, se producen presiones bilaterales muy fuertes.

¿Sobre todo de Estados Unidos?
Sobre todo son intereses privados de la gran industria farmacéutica movilizados por algunos gobiernos, como el gobierno de Estados Unidos, que es tal vez el que más ha hecho para que no se utilicen estas flexibilidades. Creo que los Estados Unidos y la industria americana nunca han aceptado haber perdido la batalla de Doha.

¿Qué recomendaciones básicas se podrían dar a un gobierno de un país en desarrollo acerca de este tema?
En primer lugar, creo que es importante que los países no actúen aislados. En el caso de un sistema de negociación multilateral, un grupo grande de países tiene más posibilidades de conseguir sus objetivos que un país aislado. En este sentido hay una tentativa interesante en el área andina, donde Colombia, Ecuador y Perú siguen negociando un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos. El hecho de negociar en grupo los ha ayudado bastante.

En segundo lugar, creo que cometimos un error al hacer demasiado énfasis en las licencias obligatorias, que asustaban y asustan muchísimo a la industria farmacéutica. Si se hubiera utilizado, por ejemplo, el instrumento del uso por el gobierno, como hizo únicamente Malasia, habríamos escogido una medida que es bastante más suave y que genera menos conflictos con la industria farmacéutica, porque el uso por el gobierno, es una licencia obligatoria que no tiene fines comerciales.

Usted ha tomado parte en los debates acerca de los efectos de los TLC sobre el mercado de medicamentos y sobre el precio de los medicamentos. ¿Cuál es el problema fundamental en discusión?
Si bien la OMC constituye el único foro mundial de acuerdos comerciales, existen alrededor de trescientos acuerdos comerciales bilaterales entre países individuales (TLC). Entre ellos destacan los impulsados por Estados Unidos, que están debilitando y minando gradualmente las flexibilidades reafirmadas por la Declaración Ministerial de Doha sobre los ADPIC y la salud pública. Estos acuerdos pueden incluir las llamadas cláusulas ADPIC-Plus, unas normas de protección más estrictas que los ADPIC y que eliminan las flexibilidades que proporciona el acuerdo sobre los ADPIC. En general, hay una tendencia a limitar los derechos adquiridos en las negociaciones multilaterales en el seno de la OMC por medio de acuerdos bilaterales en los que el poder de negociación es dramáticamente desequilibrado y desigual.

Acabo de asistir prácticamente a todas la rondas de negociaciones del TLC andino con Estados Unidos. Se llama negociación, pero en realidad hay muy poca negociación, más bien una imposición de un texto estándar que Estados Unidos presenta y que se supone que los países deben firmar sin hacer demasiadas modificaciones.
Todos los acuerdos bilaterales de comercio posteriores a Doha tienen un común denominador: las llamadas cláusulas ADPIC-Plus. Estas cláusulas incluyen, entre otras cosas: la prolongación del tiempo de vida de las patentes a más de de veinte años; la introducción de pequeñas modificaciones que permiten patentar de nuevo productos conocidos para “nuevos usos”, prolongando así el tiempo de vida de una patente, la restricción del uso de las licencias obligatorias importaciones paralelas y la famosa vinculación, es decir, unir la oficina de patentes con la oficina de registro sanitario, entre otras cosas. Esta vinculación implica poner al Estado como policía para defender intereses privados de la industria, lo cual es muy grave porque el Estado debe tutelar los intereses públicos.

Hoy hay un debate acerca de cómo se va a tratar de recuperar algunos espacios para que el daño de los TLC no sea tan grave. Sin embargo, esta es una postura un poco triste, que nos pone a la defensiva para lograr que el TLC nos afecte lo menos posible. En su lugar se hubiera podido pensar en transformar el TLC en un instrumento para beneficiar al sector de la salud.

En Mayo de 2006, Brasil y Kenya solicitaron a la OMS establecer un grupo intergubernamental que examinara mecanismos para reforzar el I+D para enfermedades que afectan principalmente al mundo en desarrollo. ¿Cuál es la importancia de esta resolución?
Creo que la resolución fue histórica y marca un nuevo capítulo en el debate porque, ya que el acuerdo ADPIC y los acuerdos bilaterales fueron asfixiando al sector de la salud, tenemos que buscar un paradigma distinto y hemos de salir de esa lógica. La lógica del sistema actual establece que la generalización del sistema de patentes (por un mínimo de veinte años), exigida por el acuerdo sobre los ADPIC, es necesaria para que las compañías farmacéuticas privadas pueden seguir investigando, ya que la investigación es costosa y las patentes aseguran precios altos que permiten un régimen de monopolio.

Pero, como los precios altos garantizan la investigación pero impiden el acceso a los nuevos productos de la mayoría de las personas que los necesitan, hay un problema estructural grave en el sistema de patentes: el sistema de investigación y desarrollo (I+D) de los productos no puede estar ligado al sistema de patentes de una forma única.

Necesitamos fomentar la investigación, pero si la única forma de financiarla son las patentes, es decir, monopolios de veinte años, entonces estamos desligando la innovación del acceso. Y eso implica un problema grave.

Tenemos que buscar vías alternativas al sistema actual que puedan abrir un nuevo capítulo para los países en vías de desarrollo como, por ejemplo, un financiamiento público mayor o las public-private partnerships para el sector de la salud. Para los países en desarrollo, pero muy probablemente también para los países industrializados, donde se corre el riesgo que poblaciones acostumbradas durante casi cincuenta años a tener un acceso regular y gratuito a medicamentos reaccionen fuertemente si este derecho se encuentra en riesgo de no poderse mantener.
No sabemos hasta qué punto los sistemas de salud de los países industrializados podrán seguir soportando el aumento de los costes de reembolso de medicamentos. La viabilidad de los sistemas de salud de los países desarrollados y de Europa occidental también está en juego.

En un artículo publicado en Internet por la revista GLOOBALhoy, usted opina que “el paso más importante de los últimos meses ha sido que el debate haya dejado de ser un debate jurídico para convertirse en un problema ético, de derechos humanos...
Creo que el logro más importante de Doha no ha sido la ratificación de las flexibilidades sino el hecho de que se haya dado al medicamento un tratamiento distinto de cualquier mercancía. Y a partir de ahí estamos trabajando. Algunos economistas muy rigurosos dirían que no se puede definir un medicamento como un “bien público a escala mundial”. Sin embargo, cuando uno empieza a profundizar un poco y piensa, por ejemplo, en todo lo que conlleva una vacuna, resulta inevitable reconocer un beneficio público global para la población.

Otro elemento importante del debate es que en la OMS nos forzaron a mantener lo que yo llamo un falso debate: ¿qué está primero, la salud o el comercio?, ¿qué está primero, la salud o la defensa de la propiedad intelectual? Es un falso debate porque estamos hablando de niveles totalmente distintos. El acceso a la salud es un derecho humano, un derecho del ciudadano; en cambio, el comercio y el acuerdo ADPIC son reglas jurídicas y económicas.
Estas ideas han tenido repercusiones profundas, hasta el punto que las resoluciones en el ámbito de los medicamentos ya no son sólo una tarea de la OMS sino también de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, que ya ha llevado el debate a este nivel.
No me extrañaría que en los próximos años haya una denuncia por no atender a una persona en peligro. En Francia, por ejemplo, si uno ve a alguien que está muriendo en la calle y pasa de largo incurre en un delito y lo pueden enjuiciar.
En este momento estamos viviendo algo así: cinco millones de personas en África tendrían que recibir antirretrovirales, que les podrían salvar la vida, pero sólo un millón está recibiendo tratamiento. Estas personas están muriendo ante los ojos de la comunidad internacional, de la OMS, de los gobiernos y de la misma industria farmacéutica.

¿Y qué nos dice del papel del gobierno español en todas las negociaciones?
Creo que el gobierno español puede jugar y ha jugado históricamente un papel muy importante en la cooperación con América Latina.
En los últimos treinta años, América Latina ha sido cada vez más dependiente del mercado farmacéutico americano y creo que esta tendencia es muy peligrosa.
España puede abrir una puerta a la visión distinta que Europa tiene del medicamento. Pensamos por ejemplo en cómo son los modelos de salud que se tratan de imponer a estos países, a veces por medio el Banco Mundial u otros organismos, tomando como referencia los esquemas americanos de seguros privados de salud. Pues bien, España puede ofrecer una visión muy distinta de salud pública donde el stado juegue un rol mucho más importante y donde el ciudadano sienta el acceso a la salud como un derecho fundamental, y no como una póliza de seguros para su coche.

Desde nuestro terreno, desde las ONGD, ¿qué podemos hacer para mejorar el tema del acceso a los medicamentos?
Pueden hacer mucho y lo están haciendo muy bien.

En primer lugar, sensibilizar a la opinión pública, porque estamos ante un debate democrático en el que ha participar la población, no solo en términos filantrópicos. Ustedes denuncian que están muriendo tantos niños por día en África, lo cual es muy grave y muy trágico, pero la sociedad actual de los países ricos es tan egoísta que el discurso suena lejano. La población tiene que saber que es un problema que le va a llegar muy pronto si no se toman medidas sustanciales. Divulgar este mensaje a través de los medios de comunicación, revistas y todo tipo de publicaciones sirve también para sensibilizar.

En segundo lugar, es necesario ser críticos y hacer un llamamiento a los gobiernos para que tomen esto más en serio y para que se fijen en el fondo del problema.

Y por último, y eso creo que ustedes lo hacen muy bien, desafiar a la OMS y, como sociedad civil reclamar una ingerencia mucho más clara de esta organización internacional.


Marta Gnagnarini
“La Salud en el Milenio: una firma pendiente”
Farmacéuticos Mundi y Medicus Mundi Catalunya